El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dictaminó una multa de 10 millones de dólares contra TikTok, acusando a la red social de negligencia en el control de retos virales que habrían resultado en la muerte de tres adolescentes y la intoxicación de más de 200 estudiantes. Este fallo surge en medio de crecientes tensiones entre el gobierno venezolano y las plataformas digitales.
Las razones detrás de la sanción
La magistrada Tania D’Amelio, en representación del TSJ, afirmó que TikTok no tomó las medidas necesarias para evitar la proliferación de contenidos peligrosos. Además de la multa, el tribunal exigió a la empresa abrir una oficina en Venezuela para supervisar el contenido y garantizar el cumplimiento de las leyes locales.
D’Amelio también mencionó la creación de un «fondo de víctimas TikTok», financiado con la multa, para indemnizar los daños emocionales, psíquicos y físicos causados, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
Una respuesta limitada por parte de TikTok
Aunque TikTok aseguró al tribunal que «entiende la gravedad del asunto», no ha emitido un comentario oficial sobre las acciones impuestas. La red social, propiedad de ByteDance, ya prohíbe en sus políticas la difusión de contenidos que promuevan autolesiones o suicidios.
Contexto y antecedentes
El caso cobró relevancia en noviembre de 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro culpó a TikTok por la muerte de una niña de 12 años tras participar en un reto que implicaba ingerir pastillas tranquilizantes. Desde entonces, el gobierno ha intensificado su postura contra las redes sociales, buscando regularlas a través de nuevas legislaciones.
Las autoridades venezolanas han señalado las plataformas digitales como espacios de «antivalores» y herramientas de incitación al odio, mientras enfrentan críticas por políticas de censura hacia medios tradicionales.
Implicaciones de la decisión
Esta medida marca un precedente importante en la regulación de plataformas digitales en Venezuela. Sin embargo, surgen interrogantes sobre cómo el país hará cumplir estas sanciones a una empresa internacional y qué impacto tendrá en el uso de redes sociales en la región.
La noticia subraya la creciente responsabilidad de las plataformas en garantizar entornos digitales seguros, particularmente para los menores de edad, y la necesidad de un equilibrio entre la regulación gubernamental y la libertad de expresión.